La RSE y el entorno ecológico-empresarial

La responsabilidad social, entre varias acepciones, se conceptúa como la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una entidad ante los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se relaciona –stakeholders o grupos de interés–. Así, las empresas son socialmente responsables cuando sus actividades se orientan a satisfacer las necesidades y expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su actividad comercial, además que se perfilan hacia el cuidado y la preservación del entorno. Ahora bien, dicha capacidad se refiere principalmente a la habilidad para el buen ejercicio de una gestión empresarial que atraviesa los diferentes escenarios de actuación de las entidades, a saber: normativo, operacional, económico, social y ambiental.

En general, el concepto de responsabilidad social empresarial – RSE es consecuente con una visión integral de la sociedad y del desarrollo, enmarcada en la comprensión de que el crecimiento económico y la productividad son aspectos asociados con las mejoras en la calidad de vida de la gente y la vigencia de instituciones políticas democráticas, así como garantes de las libertades y los derechos de las personas.

Igualmente, la RSE asume que el fin general de la economía es proporcionar bienestar a la sociedad y que dichas demandas sociales se expresan insuficientemente en las normas legales, lo que implicaría un compromiso más profundo y exigente de los actores económicos con el resto de la sociedad (octubre 2012) .

De dónde surge la RSE

Como respuesta a determinadas ofensas que surgen en el entorno productivo, empresarial y socioeconómico, y ante la obligación que tienen las organizaciones y las economías globales de preservar los recursos y bienes sustentables, nació la responsabilidad social empresarial – RSE, la cual ha evolucionado –de la normatividad a la voluntariedad– haciendo partícipe y responsable a las empresas en la definición del tipo de sociedad a la que aspiran, tanto en el mercado como en el aspecto competitivo. Esta nueva transformación las convoca a desempeñar un papel de líderes en la solución de problemas medioambientales y a contribuir activamente con iniciativas que den respuestas a los mismos.

Hoy, un inversionista considerará seriamente si pone su dinero en una empresa que mantiene un historial grave de contaminación medioambiental y ecológico; asimismo, un consumidor elegirá una marca sobre otra, si sabe que un porcentaje de su compra será destinada a obras de desarrollo ambiental (Martínez, 2012).

Es válido anotar que, aunque es deber del Gobierno y demás organismos estatales, difundir los valores con respecto al cuidado y protección del medioambiente, las empresas también tienen la obligación de comportarse de manera socialmente responsable; y no solamente porque la sociedad lo requiere, sino también porque ello forma parte de una base sólida y segura para su estabilidad y éxito a largo plazo.

La falta de una RSE en el área ambiental-ecológica se ha ido incrementando a través de los tiempos y, sobre todo, en los países más desarrollados e industrializados. En dichos territorios, las empresas difícilmente velan para que sus actividades sean respetuosas con el medioambiente. Son entidades que, en su mayoría, no se preocupan por el impacto ambiental de sus actividades productivas, a sabiendas de que la RSE, en sus valores fundamentales, abarca el medioambiente (Romero). A pesar de ello, globalmente, las empresas están considerando los beneficios que conllevan el ser ecológicamente responsables, debido a que no es tan solo un compromiso con las futuras generaciones, sino que, a su vez, les genera un valor intrínseco y unas ventajas comparativas y competitivas en el presente y a futuro. Ser una empresa ambientalmente responsable es considerar todos los impactos ecológicos que generan la producción y operación de la empresa y sus productos finales. Estas consideraciones, como prácticas integrales, van más allá de las regulaciones gubernamentales –normativas y de ley–.

La RSE en Colombia

Es evidente en nuestro país el desconocimiento generalizado en relación con la responsabilidad social y el modo de impulsar iniciativas empresariales en el ámbito ecológico. Ello se pone de manifiesto en las cifras que revelan los estudios de línea base realizados sobre la carencia y la responsabilidad social en esta área. Indiscutiblemente, la RSE es una de las prioridades de la gerencia de hoy, porque no basta con producir utilidades para los accionistas; también es necesario que las empresas contribuyan a la justicia social y a la sostenibilidad del medioambiente en el territorio colombiano.

Lo cierto es que, si una empresa produce excelentes utilidades, pero contamina indiscriminadamente el entorno ecológico, no está cumpliendo su responsabilidad social empresarial integralmente y se expone a una dura presión, tanto en el medio nacional como en el internacional, en procura de que corrija sus falencias, involucrando todos los componentes: normativo, operacional, económico, social y, por supuesto, el ecológico-ambiental.

Infortunadamente, un elemento tan importante como la sostenibilidad ambiental, todavía no es asumida como una esfera de prioridad, limitándose a ciertos aspectos laborales de derechos humanos y de seguridad que hacen parte del componente interno de las organizaciones –que es por demás, un deber–. Innegablemente, todavía no es preponderante la intención de impactar externamente el desarrollo ambiental y el accionar transparente de las entidades en nuestro medio. En este contexto, cabe anotar que la sostenibilidad ambiental no es solamente un problema de compromiso por parte de las empresas; es también urgente que haya un mayor control gubernamental en este ámbito, sobre todo en las catalogadas como grandes empresas y que son supervisadas directamente por los ministerios respectivos y no por organismos regionales. De igual manera, es necesario que los entes de control estén atentos a los grandes escándalos asociados a la corrupción en algunas empresas, tanto públicas como privadas en cuanto a la regulación medioambiental y ecológica.